Logo
MULTA IMPUESTA POR LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Una manera de anularla

Información

MULTA IMPUESTA POR LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Una manera de anularla

La Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STyPS), cuando impone una sanción a los patrones, en su inicial acto que fue la orden de inspección de comprobación de medidas de seguridad para fundar y motivar  su competencia territorial  lo hace citando los párrafos: tercero y cuarto del  artículo 3º  del Acuerdo por el que se determina la circunscripción territorial de las delegaciones, subdelegaciones y oficinas federales del trabajo de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y delegan Facultades de sus titulares, que al tenor dispone:

 

“Artículo 3. …

Las sedes de las delegaciones se ubicarán en las respectivas capitales de las entidades federativas, y sus circunscripciones territoriales comprenderán la totalidad de los municipios de los propios Estados.

 

La circunscripción territorial de las delegaciones incluirá́ los municipios que se asignan específicamente a las subdelegaciones y oficinas, en términos del articulo 6 del presente Acuerdo.”

 

En forma previa, es importante destacar que los artículos 16 de la Carta Suprema, así como 3, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los actos administrativos deben ser expedidos por autoridad que esté facultada, por esta razón resulta inevitable señalar con exactitud la disposición, acuerdo o decreto que le otorgue esa legitimación, de manera que el particular tenga la posibilidad de evaluar si la actuación de la autoridad se encuentra dentro de su competencia y si resulta procedente impugnar tal circunstancia.

 

Lo anterior impide cualquier clase de confusión, máxime si estamos ante el análisis de la competencia territorial, porque el propósito es una precisión de la individualización del acto de molestia.

 

Lo anterior lo apoyamos con la siguiente jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al mes de Noviembre de 2001 contenido del siguiente modo:

 

COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO. De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 77, mayo de 1994, página 12, de rubro: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.", así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se desprende que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, resulta inconcuso que para estimar satisfecha la garantía de la debida fundamentación, que establece dicho precepto constitucional, por lo que hace a la competencia de la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia es necesario que en el documento que se contenga se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora y, en caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle, el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su actuación; pues de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de indefensión, toda vez que se traduciría en que éste ignorara si el proceder de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo por razón de materia, grado y territorio y, en consecuencia, si está o no ajustado a derecho. Esto es así, porque no es permisible abrigar en la garantía individual en cuestión ninguna clase de ambigüedad, ya que su finalidad consiste, esencialmente, en una exacta individualización del acto de autoridad, de acuerdo a la hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado en relación con las facultades de la autoridad, por razones de seguridad jurídica.

 

Contradicción de tesis 94/2000-SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Primer y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Primer Circuito. 26 de octubre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan Díaz Romero. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.

 

Tesis de jurisprudencia 57/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta y uno de octubre de dos mil uno.

 

Ahora bien, los párrafos tercero y cuarto del artículo 3 del Acuerdo por el que se determina la circunscripción territorial de las delegaciones, subdelegaciones y oficinas federales del trabajo de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y delegan Facultades de sus titulares, refieren a:

 

  1. Las sedes de las delegaciones donde estarán ubicadas en las diversas entidades federativas.
  2. La circunscripción relativo al territorio deberá comprender los municipios que se especifique a las subdelegaciones y oficinas.

 

Ahora bien, fundar y motivar la orden de inspección de comprobación de medidas en materia de seguridad e higiene con el artículo 3º multicitado es ilegal, por violentar lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional, así como la fracción V del artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, esto por incumplimiento  a la fundamentación de la competencia territorial, puesto que se omitieron citar el párrafo primero y segundo del artículo 3 del Acuerdo por el que se determina la circunscripción territorial de las delegaciones, subdelegaciones y oficinas federales del trabajo de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y delegan Facultades de sus titulares, que estatuye:

 

“Articulo 3.- La Secretaria contará con delegaciones en los Estados de:

 

Aguascalientes; Baja California; Baja California Sur; Campeche; Coahuila; Colima; Chiapas; Chihuahua; Durango; Guanajuato; Guerrero; Hidalgo; Jalisco; México; Michoacán; Morelos; Nayarit; Nuevo León; Oaxaca; Puebla; Querétaro; Quintana Roo; San Luis Potosí́; Sinaloa; Sonora; Tabasco; Tamaulipas; Tlaxcala; Veracruz; Yucatán, y Zacatecas.”

 

En efecto, es mediante la disposición copiada la forma debida de como se funda la existencia de la Delegación de la STyPS relativa a la entidad federativa donde se encuentre ubicado en sancionado, entonces, si originalmente se suprimió tal disposición jurídica la manera de acreditar   la competencia territorial fue incorrecta lo que no puede producir las consecuencias legales y económicas a cargo del particular. Para apoyar la postura que se argumenta resulta necesario la transcripción del siguiente criterio:

 

ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal.

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

 

En juicio administrativo una de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativo determinó de manera final:

 

“En consecuencia, al no acreditarse la competencia del funcionario que suscribió la orden de inspección de comprobación en materia de seguridad e higiene, origen de la resolución se actualiza la causa de nulidad prevista en el artículo 51,  fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que con fundamento en el diverso numeral 52, fracción II del propio ordenamiento, es procedente declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada.”

 

El razonamiento que hemos efectuado en este ensayo, representa un estilo para nulificar las multas impuestas por la STyPS, desde luego, no ignoramos que el lector tenga otro modo para destruir la sanciones, pero este artículo sin duda incrementará su estrategia de defensa.